El impacto de esta prohibición no reside únicamente en los laboratorios, sino en los surcos. Desde Galicia hasta Andalucía, desde las cooperativas de cerealistas en Castilla y León hasta los cultivos intensivos de frutos rojos en Huelva, miles de agricultores se enfrentan ahora a una reevaluación técnica de sus protocolos de protección fitosanitaria. Y lo hacen sin margen para el “ya veremos”.

¿Por qué PFAS? La llamada “química eterna” que se filtra hasta en el rocío

Los PFAS —conocidos coloquialmente como “químicos eternos” por su resistencia a la degradación— acumulan ya décadas de uso industrial. Su presencia en el agua de riego, en el suelo agrícola e incluso en el tejido adiposo de animales de granja ha sido documentada en más de 60 estudios entre 2022 y 2025. Sin embargo, el giro regulatorio de finales de año no responde solo a una oleada de datos científicos —aunque estos han sido contundentes—, sino a una presión social sin precedentes.

En octubre de 2025, una coalición de 23 organizaciones de consumidores, médicos de cabecera rurales y apicultores presentó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una demanda colectiva que vinculaba directamente la exposición crónica a PFAS en zonas agrícolas con alteraciones endocrinas en niños y disminución de la fertilidad en abejas. El dictamen preliminar, aunque no vinculante, sirvió como catalizador político. “No se trata de eliminar un ingrediente. Se trata de replantear la relación entre la química auxiliar y la biología del suelo”, explica la Dra. Elena Martorell, investigadora del Instituto Nacional de Investigación Agroalimentaria (INIA-CSIC), en exclusiva para este medio.

El efecto dominó: formulaciones obsoletas y nuevas alianzas técnicas

La prohibición ha dejado en precario al menos 87 productos fitosanitarios autorizados en España, según el listado publicado por el Ministerio de Agricultura el 5 de diciembre. Pero el verdadero desafío no es la retirada de etiquetas, sino la reformulación técnica en tiempo récord. Empresas como Syngenta y BASF ya han anunciado acuerdos con biotecnológicas emergentes —entre ellas españolas como BioFlora Solutions y AgroNova Labs— para sustituir PFAS por biosurfactantes basados en lípidos microbianos y saponinas vegetales.

Estas nuevas formulaciones no solo cumplen con el requisito de biodegradabilidad, sino que, en ensayos de campo en Aragón y Extremadura, han demostrado una mayor adherencia foliar bajo condiciones de estrés hídrico —un factor clave en un contexto de sequías recurrentes—. “Los PFAS eran buenos para la estabilidad del producto en el bidón, pero terribles para la vida del suelo. Ahora apostamos por moléculas que trabajen con el ecosistema, no contra él”, señala Miguel Ortega, técnico de campo en una cooperativa de olivar ecológico en Jaén.

Más allá del laboratorio: cómo los agricultores están liderando la transición

Curiosamente, la respuesta más innovadora no viene de las sedes corporativas, sino de las parcelas. En la comarca de La Serena (Badajoz), un grupo de ganaderos y agricultores ha puesto en marcha el proyecto PastorPFAS-Cero, que combina el uso de plantas hiperacumuladoras —como el girasol modificado Helianthus annuus L. PFAS-clear— con rotaciones inteligentes para reducir la carga residual en suelos ya contaminados.

“No podemos esperar cinco años a que se degrade solo. Hay que intervenir con inteligencia agronómica”, afirma Carmen Ríos, ingeniera agrónoma y coordinadora del proyecto. Su estrategia incluye el monitoreo mediante sensores de bajo coste que detectan PFAS en tiempo real mediante espectroscopia Raman portátil —una tecnología antes reservada a laboratorios, ahora adaptada para uso en tractor.

Este enfoque local-global refleja una nueva cultura del dato en el campo: los agricultores no solo consumen información técnica, sino que la generan, la comparten y la transforman en protocolos reutilizables.

¿Y el futuro? Hacia una PAC 2028 con sello PFAS-free

La Comisión Europea ya ha adelantado que esta prohibición será el primer pilar de una nueva condicionalidad ambiental para acceder a los pagos directos de la PAC a partir de 2028. Se baraja la inclusión obligatoria de auditorías de residuos persistentes en explotaciones superiores a 50 hectáreas, así como incentivos para sistemas de producción certificados como “Libres de Química Eterna” —una nueva categoría que el Consejo Oleícola Internacional podría adoptar en su etiquetado en 2026.

Mientras el debate sobre los costes de transición continúa —la Asociación Nacional de Fabricantes de Productos Fitosanitarios estima una inversión media de 3.200 €/explotación para adaptarse—, lo cierto es que el sector ha dejado de preguntarse “¿cómo evitar la norma?” para centrarse en “¿cómo liderarla?”.

En un mundo donde la trazabilidad ya no es un valor añadido, sino un requisito de existencia comercial, la prohibición de PFAS no es solo una regulación técnica. Es una redefinición del contrato entre la tierra, quien la trabaja y quien se alimenta de ella. Y por primera vez en mucho tiempo, los agricultores no están en la cola de la cadena de decisión, sino en su cabeza.